Diversos países en Latinoamérica, cuentan con marcos regulatorios que incorporan el principio de la Responsabilidad Extendida del Productor (REP), reflejando una tendencia creciente hacia modelos de economía circular en los que fabricantes e importadores asumen un rol activo en la gestión de los residuos que generan sus productos una vez finalizada su vida útil.
Si bien Argentina aún no dispone de una ley general que regule la Responsabilidad Extendida del Productor para todos los sectores, sí cuenta con un régimen específico para los envases vacíos de fitosanitarios a través de la Ley N.º 27.279, que establece obligaciones concretas para los actores involucrados en su gestión.
La Responsabilidad Extendida del Productor (REP) es un principio mediante el cual fabricantes, productores e importadores asumen responsabilidades que trascienden la etapa de producción y comercialización. Bajo este enfoque, también deben participar en la recolección, recuperación, reciclaje o disposición final adecuada de los productos una vez que estos se convierten en residuos, promoviendo una gestión ambientalmente responsable durante todo su ciclo de vida.
Entre los principales aspectos que contempla la REP se encuentran la responsabilidad financiera y operativa de los productores, la trazabilidad de los residuos, la recuperación de materiales y su valorización, buscando disminuir los impactos ambientales y favorecer la reutilización de recursos dentro de un modelo de economía circular.
Para una empresa, este enfoque implica comprender que la vida útil de un producto no finaliza con su venta. Por el contrario, requiere incorporar procesos internos que permitan conocer los residuos generados, registrar sus volúmenes, implementar sistemas de trazabilidad y coordinar su correcta recuperación o disposición final. De esta manera, la gestión de residuos deja de ser únicamente una cuestión ambiental para transformarse en una parte estratégica de la operación, contribuyendo tanto al cumplimiento normativo como a la optimización de procesos y recursos.
En Argentina, aunque no existe una legislación general sobre REP, la Ley 27.279 establece un sistema específico para la gestión de envases vacíos de fitosanitarios. Su objetivo principal es garantizar que estos residuos sean gestionados de manera segura, evitando impactos negativos sobre la salud de las personas y el ambiente. Asimismo, procura asegurar que el material recuperado no sea reutilizado en aplicaciones que puedan representar riesgos sanitarios o ambientales.
La normativa prohíbe expresamente el abandono, vertido, quema o enterramiento de estos envases, así como su comercialización o entrega fuera de los sistemas de gestión autorizados. También restringe el uso del material reciclado para fabricar productos que puedan entrar en contacto con personas o representar riesgos para el ambiente.
Dentro de este sistema, los registrantes son los responsables directos de financiar e implementar la gestión integral de los envases; los usuarios y aplicadores deben realizar los procedimientos de reducción de residuos, almacenarlos adecuadamente y entregarlos en los centros habilitados; mientras que los comercializadores colaboran con la implementación del sistema y brindan la información necesaria para su correcto funcionamiento.
Más allá del cumplimiento legal, la aplicación de los principios de la REP implica cambios concretos en la operación interna de las empresas. Contar con un diagnóstico del flujo de materiales, identificar los residuos generados, implementar registros y mejorar la trazabilidad son acciones que facilitan la recuperación de recursos, reducen costos asociados a una gestión ineficiente y permiten anticiparse a futuras exigencias regulatorias.
En el contexto regional, Chile representa uno de los ejemplos más avanzados en materia de Responsabilidad Extendida del Productor. A través de la Ley 20.920, establece obligaciones para productores e importadores mediante sistemas de gestión y metas de recolección y valorización para distintos productos prioritarios, además de incorporar instrumentos de apoyo como el Fondo para el Reciclaje.
Por su parte, Uruguay también ha avanzado en la incorporación de este principio dentro de su normativa ambiental. En materia de envases de fitosanitarios, el Decreto 152/013 establece obligaciones para fabricantes, importadores, distribuidores y usuarios, contemplando sanciones económicas para quienes incumplan las disposiciones relacionadas con su correcta gestión.
La evolución normativa en los países vecinos demuestra que la Responsabilidad Extendida del Productor es una tendencia consolidada en la región y que, progresivamente, las empresas deberán asumir un papel cada vez más activo en la gestión de los residuos derivados de su actividad.
En este contexto, prepararse con anticipación mediante sistemas de trazabilidad, diagnósticos de flujo de materiales y estrategias de valorización no solo permite cumplir con las exigencias legales vigentes, sino también mejorar la eficiencia operativa, reducir costos asociados a los residuos y fortalecer el compromiso de la organización con la sostenibilidad y la economía circular.
